Auxilio Judicial

Corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial con carácter general la realización de cuantas tareas tengan carácter de auxilio a la actividad de los órganos judiciales. Asimismo y, entre otras, les corresponderá:

• En primer lugar, la práctica de los actos de comunicación que consistan en notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos en la forma prevista en las leyes procesales, a cuyo efecto ostentarán capacidad de certificación, y dispondrá de las credenciales necesarias.
• Por otro lado, como agentes de la autoridad, procederán a la ejecución de embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el carácter y representación que les atribuyan las leyes.
• Además, deben actuar como Policía Judicial con el carácter de Agente de la Autoridad, sin perjuicio de las funciones que, en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, competen a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Realizarán funciones de archivo de autos y expedientes judiciales.
• También velarán por las condiciones de uso de las Salas de Vistas y mantendrán el orden en las mismas.
• Comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren en condiciones de utilización.
• El desempeño de aquellas jefaturas que en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Oficina Judicial estén asignadas a este Cuerpo, en la forma y condiciones que en las mismas se establezcan.
• Por último, tienen la posibilidad de ocupar puestos de las Unidades Administrativas.

Para participar en las pruebas de acceso al Cuerpo de Auxilio Judicial  serán necesarios los siguientes requisitos:

• Tener nacionalidad española.
• Tener dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
• Poseer la titulación de graduado en E.S.O o equivalente.
• No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
• Habilitación:
  • Para poder optar a este cuerpo, no puede haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación.
  • No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado, ni pertenecer al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenten de forma voluntaria.